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Boletín Judicial (Disponibles a partir del año 1994)


B.J. NO. 1195, JUNIO 2010

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 23 de diciembre de 1987.

Materia: Civil.

Recurrente: Corporación de Fomento de Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS).

Abogado: Lic. Juan Heriberto Ulloa Mora.

Recurrida: Compañía de Administración Hotelera, S. A.

Abogados: Dres. Ramón Tapia Espinal, Manuel Bergés Chupani, Gustavo E. Gómez Ceara y Reinaldo Pared Pérez.
SALA CIVIL
Rechaza
Audiencia pública del 30 de junio de 2010.

Preside: Rafael Luciano Pichardo.
 

Dios, Patria y Libertad
En Nombre de la República,
 
la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Corporación de Fomento de Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), entidad autónoma del Estado dominicano, creada en virtud de la ley 542 del 31 de diciembre de 1969, con domicilio en la avenida George Washington de esta ciudad, debidamente representada por su gerente general el Lic. Federico Infante Medrano, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 126262, serie 1ra., sello hábil, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 23 de diciembre de 1987, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: “Que dejamos a la soberana apreciación de los magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia, la solución jurídica que debe dársele al presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 14 de marzo de 1988, suscrito por el Lic. Juan Heriberto Ulloa Mora, abogado de la recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 20 de abril de 1988, suscrito por los Dres. Ramón Tapia Espinal, Manuel Bergés Chupani, Gustavo E. Gómez Ceara y Reinaldo Pared Pérez, abogados del recurrido Compañía de Administración Hotelera, S. A. ;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 3 de marzo de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés y José E. Hernández Machado, jueces de esta cámara, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La CORTE, en audiencia pública del 1 de febrero de 1989, estando presente los jueces Néstor Contín Aybar, Fernando E. Ravelo de la Fuente, Leonte R. Alburquerque Castillo, Máximo Puello Renville, Abelardo Herrera Piña, Rafael Richiez Saviñon, asistidos del Secretario de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;


Considerando, que la ordenanza impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) en ocasión de una demanda en nulidad de contrato, intentada por la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera, S. A. contra Compañía de Administración Hotelera, S. A., la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 7 de septiembre del año 1987, una sentencia que en su dispositivo expresa: “Primero: Rechaza las conclusiones presentadas en audiencia por la Compañía de Administración Hotelera, S. A., parte demandada, por improcedente y mal fundada; Segundo: Acoge las conclusiones presentadas en audiencia por Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, parte demandante, por ser justa y reposar en prueba legal, y en consecuencia declara inexistente el contrato que se opone a la demandante, por los motivos antes señalados; Tercero: Ordena el desalojo del demandado Compañía de Administración Hotelera, S. A., de los lugares que ocupa y que se radican en el complejo Hotelero Cayacoa-Cayo Levantado de la ciudad de Samaná; Cuarto: Ordena la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma; Quinto: Condena a la demandada al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho del Lic. Juan Heriberto Ulloa Mora, que afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; b) que mediante acto de fecha 14 de septiembre de 1987, en el curso del recuso de apelación incoado contra dicha decisión fue interpuesta una demanda en referimiento en suspensión de ejecución contra la misma, por lo que intervino la ordenanza hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoger las conclusiones formuladas por la parte demandante en referimiento Compañía de Administración Hotelera, S. A., tendientes a obtener del Presidente de esta Corte de Apelación en atribuciones de Juez de los referimientos, la suspensión de la ejecución de la sentencia de fecha siete (7) de septiembre de 1987 dictada en atribuciones civiles por la Cámara de lo Civil y Comercial de la primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional por los motivos precedentemente expuestos; Segundo: Condenar a la intimada en referimiento Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), al pago de las costas de la presente instancia, disponiendo su distracción en provecho de los Dres. Ramón Tapia Espinal, Manuel Bergés Chupani, Gustavo E. Gómez Ceara, y Reinaldo Pared Pérez, abogados de la parte demandante que afirman haberlas avanzado en su mayor parte”;


Considerando, que en su memorial la recurrente propone los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación artículo 105 y 127 y falsa aplicación del artículo 130 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa y violación al derecho de defensa; Tercer Medio: Desconocimiento de la regla del apoderamiento; Cuarto Medio: Contradicción y falta de motivo;


Considerando, que en sus cuatro medios, reunidos para su estudio por su estrecha vinculación y por la solución que se le dará al presente caso, la recurrente plantea, en resumen, que el juez presidente de la Corte a-qua examina una hipótesis que no conviene a la realidad de los sucesos que tienen lugar en el lanzamiento de los lugares de la Compañía Administración Hotelera, S. A., más grave aún, cuando se pretende justificar la suspensión de la ejecución provisional y sin fianza de la sentencia para someter el proceso al doble grado de jurisdicción y que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, invocando la posible hipótesis de que la sentencia resulte anulada o revocada cuando la Corte proceda a conocer el fondo del recurso, con lo que se viola formal y categóricamente los textos transcritos en este medio; que aún habiéndose solicitado por ante el juez de los referimientos que la demanda en suspensión fuere declarada irrecibible, en razón de que la sentencia cuya apelación se perseguía había sido ejecutada, dicho magistrado decidió suspender, haciendo su decisión completa defección de la verdad comprobada y comprobable como consecuencia de la existencia del depósito en secretaría del acto de alguacil núm.754/87, del 29 de septiembre de 1987, que también se adjunta y en el que se relata el hecho del lanzamiento de los lugares de la Compañía Administración Hotelera, S. A., lo que indica que la decisión citada había sido ejecutada, por tanto, se incurrió en una desnaturalización y contradicción entre la ordenanza y la realidad acontecida; que también indica la recurrente textualmente, que “Si es cierto que las partes deben dirigirse al juez para que éste fije la fecha en que se ha de debatir una litis, no es menos cierto que esta no señala y no hay procedimiento alguno que nos autorice a restaurar una instancia que perece por inacción de las partes en causa. Es así que se comete un exceso de poder cuando a solicitud de parte se reabre una instancia abandonada; que la recurrente también indica que la ordenanza impugnada adolece de contradicción y falta de motivo, ya que en la misma no se verifica en qué momento se justifica la suspensión de la ejecución provisional y sin fianza de la sentencia recurrida cuando declara que es evidente el riesgo de consecuencias excesivas para la recurrente, la Administración Hotelera, S. A., frente a la eventual posibilidad de que la sentencia del 7 de septiembre de 1987, resulte anulada o revocada por la Corte cuando ella proceda al conocimiento del fondo del recurso de apelación de que se trata; que en estas expresiones nada se dice del por qué se interviene al mandato de la ley que dispone la ejecución y el juez debe sumisión al mandato de la ley; nos preguntamos del por qué de su intervención, que ipso facto es una intervención a la ley, y que por otra parte constituye una violación penal;


Considerando, que el juez presidente de la Corte a-qua estimó al respecto que “después de ponderar las conclusiones formuladas por las partes en las audiencias celebradas los días ocho (8) y quince (15) del mes de octubre de 1987, así como los documentos incluidos en el expediente, el presidente de esta Corte de Apelación estima procedente acoger las conclusiones de la parte demandante en referimiento “Compañía de Administración Hotelera, S. A. ” y por consiguiente rechazar las conclusiones de la parte demandada “Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo” por considerar que en la especie, y en base a los motivos invocados procede ordenarse la suspensión de la ejecución de la sentencia de fecha siete (7) de septiembre de 1987 que ordenó el desalojo de la impetrante Compañía de Administración Hotelera, S. A., de los lugares que ocupa en el Complejo Hotelero Cayacoa- Cayo Levantado de la ciudad de Samaná, por cuanto tratándose de una controversia entre una parte que pretende se declare inexistente al contrato de arrendamiento relativo a la empresa hotelera mencionado, por alegada falta de capacidad para contratar de manera unilateral, imputada al funcionario suscribiente del contrato en cuestión, y por otra parte que invoca los derechos del contrato de arrendamiento suscrito por ella, según afirma, en fecha 27 de septiembre de 1987 relativo al mismo complejo hotelero; es conveniente en interés de asegurar una mejor administración de justicia, ordenar la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia recurrida hasta tanto el proceso recorra el doble grado de jurisdicción y culmine con una decisión que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, ya que son evidentes los riesgos de consecuencias excesivas para la recurrente compañía de Administración Hotelera, S. A., frente a la eventual posibilidad de que la sentencia de fecha 7 de septiembre de 1987 resulte anulada o revocada por la Corte cuando ella proceda al conocimiento del fondo del recurso de apelación de que se trata”;


Considerando, que además, en la ordenanza recurrida se verifica también lo siguiente: “que en el expediente no existe ninguna constancia de que la demandante haya desistido de su demanda introducida por ante la jurisdicción del presidente de la Corte de Apelación en funciones de Juez de los referimientos, ni tampoco la prueba de que la sentencia recurrida de fecha 7 de septiembre de 1987 haya sido ejecutada por la parte intimada antes ni después de la notificación del acto de emplazamiento contentivo de la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia, por lo que desestimamos en su totalidad las conclusiones presentadas por la demandada”;


Considerando, que del análisis de los documentos que conforman el presente expediente, esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ha podido constatar que aún cuando en el mismo reposa un inventario con el sello de recibido en la Secretaría de la Corte a-qua, en el que se hace constar que el 9 de octubre de 1987, es decir, al otro día de celebrarse la audiencia para conocer de la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia del 7 de septiembre de 1987 (que declaró nulo el contrato suscrito entre las partes por falta de capacidad del Gerente General de la Compañía de Administración Hotelera, S. A. por no haber sido sometido posteriormente a la junta de directores, y por ende, el desalojo de dicha compañía de los lugares que ocupa y que radican en el Complejo Hotelero Cayacoa-Cayo Levantado de la Ciudad de Samaná) fue depositado el acto núm.754/87, de fecha 29 de septiembre de 1987, contentivo del proceso verbal de lanzamiento de los lugares y desalojo de la indicada compañía de los terrenos pertenecientes a la hoy recurrente, la sola existencia de ese documento que por además la Corte asegura que no consta su ejecución, no implica que la sentencia apelada y demandada en suspensión eventualmente no pudiera ser revocada, y que, la alegada ejecución tuviera como resultado un daño inminente, a la hoy recurrida, tal y como se hizo constar en la decisión impugnada para decretar su suspensión; que por tanto, el presidente de la Corte a-qua actuó conforme al derecho suspendiendo la sentencia impugnada, por lo que, procede el rechazo de los medios planteados, por infundados, y el subsecuente rechazo del presente recurso de casación;

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Corporación de Fomento de Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 23 de diciembre de 1987, cuyo dispositivo se reproduce en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en beneficio de los Dres. Ramón Tapia Espinal, Manuel Bergés Chupani, Gustavo E. Gómez Ceara y Reinaldo Pared Pérez.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 30 de junio de 2010, años 167º de la Independencia y 147º de la Restauración.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

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