Skip Navigation LinksPortada > Jurisprudencia y Legislación > Boletín Judicial (Disponibles a partir del año 1994)

Boletín Judicial (Disponibles a partir del año 1994)


B.J. NO. 1195, JUNIO 2010

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 23 de junio de 2005.

Materia: Civil.

Recurrente: Dominican Watchman National, S. A.

Abogado: Dr. Efigenio María Torres.

Recurrida: General de Seguros, S. A.

Abogado: Lic. José B. Pérez Gómez.
SALA CIVIL
Rechaza
Audiencia pública del 30 de junio de 2010.

Preside: Rafael Luciano Pichardo.
 

Dios, Patria y Libertad
En Nombre de la República,
 
la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Dominican Watchman National, S. A., sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes dominicanas, con su asiento social ubicado en el núm. 1 de la calle José López, Los Prados, de esta ciudad, debidamente representada por su administrador general el Lic. Daniel de Jesús Frías, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0375021-2, domiciliado y residente de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 23 de junio de 2005;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley núm.3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los jueces del fondo, dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 20 de noviembre de 2006, suscrito por el Dr. Efigenio María Torres, abogado de la recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 5 de enero de 2007, suscrito por el Lic. José B. Pérez Gómez, abogado de la recurrida General de Seguros, S. A. ;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

La CORTE, en audiencia pública del 5 de marzo de 2008 estando presente los Jueces Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;


Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta, a) que con motivo de una demanda en rescisión de contrato de seguro de responsabilidad y reparación de daños y perjuicios, interpuesta por la entidad Dominican Watchman National, S. A., contra La General de Seguros, S. A., la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha diez (10) del mes de julio del año dos mil dos (2002), la sentencia civil relativa al expediente núm.034-2000-00414, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se acoge como buena y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda en rescisión de contrato de seguro de responsabilidad civil y en daños y perjuicios incoada por la Dominican Watchman National, S. A., en contra de la empresa General de Seguros, S. A., por haber sido hecha de acuerdo a la ley; Segundo: Se ordena la rescisión del contrato de seguro de responsabilidad civil, suscrito entre la Dominican Watchman National, S. A. y la General de Seguros, en fecha 5 de octubre de 1994, por haber incumplido la General de Seguros, S. A., con las obligaciones puestas a su cargo; Tercero: Se condena a la General de Seguros, S. A., al pago de una indemnización de RD$5,000,000.00, por concepto de daños materiales y morales sufridos por la compañía Dominican Watchman National, S. A., como violación del contrato supraindicado; Cuarto: Condena a la General de Seguros, S. A., al pago de los intereses legales de la suma a que asciende la presente sentencia, a favor de la compañía Dominican Watchman National, S. A. ; Quinto: Se condena a la General de Seguros, S. A., al pago de las costas, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Efigenio Ma. Torres, abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor parte”; b) que con motivo del recurso de apelación, intervino la sentencia de fecha 23 de junio de 2005, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva establece: “Primero: Acoge en cuanto a la forma el presente recurso de apelación interpuesto por la entidad General de Seguros, S. A., contra la sentencia relativa al expediente núm.034-2000-00414, dictada por la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha diez (10) del mes de julio del año dos mil dos (2002), a favor de la razón social Dominican Watchman National, S. A. ; Segundo: Acoge, en cuanto al fondo el indicado recurso de apelación y en consecuencia, Revoca la sentencia recurrida, con respecto a la demanda introductiva, la Rechaza, por los motivos út-supra enunciados; Tercero: Condena al pago de las costas a la parte recurrente la razón social Dominican Watchman National, S. A., y ordena su distracción y provecho en beneficio del Lic. José B. Pérez Gómez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;


Considerando, que la recurrente plantea como soporte de su recurso los siguientes medios de casación: Primer Medio: Desnaturalización e los hechos y falta de base legal; Segundo Medio: Errónea interpretación y aplicación de un texto legal; Tercer Medio: Motivación falsa o errónea;


Considerando, que en el desarrollo de sus tres medios, reunidos para su estudio por su estrecha vinculación, la recurrente alega, en síntesis, que la sentencia recurrida no contiene la exposición sumaria de los puntos de hecho y de derecho y los fundamentos, de modo que pueda poner en condiciones a la Suprema Corte de Justicia de establecer si la ley fue bien o mal aplicada, tomando como punto de partida los hechos y la aplicación del derecho a los hechos así invocados por las partes apelantes, tanto en lo principal como incidental; que la exposición manifiestamente vaga, imprecisa, contradictoria e incompleta que aparece en la sentencia atacada, sobre los hechos del proceso, viola las disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; que plantea también la recurrente que “la corte a-qua no ponderó el alcance del artículo 2 del Contrato de Seguros de Responsabilidad Civil suscrito entre las partes, pues la actual recurrente no fue defendida ni en primer grado ni en segundo grado, no obstante la recurrida tener la información de la existencia del hecho, el cual no investigó ni hizo las gestiones de lugar para que el evento fuese menos gravoso para su asegurado; que no puede pretender la recurrida que no tenía las informaciones necesarias para hacer la defensa de su asegurado, puesto que existía una reclamación abierta en la aseguradora, tal como se evidencia en la comunicación de fecha 23 de abril de 1997 dirigida por la Gerente de Reclamaciones Judith Ballista Rodríguez al administrador de la asegurada, señor Alfredo Licairac, en la que se especifica el nombre del asegurado, número de póliza y número de reclamación; que si existe un número de reclamación es porque la aseguradora tiene pleno conocimiento del evento, por comunicación que previamente le haya hecho el asegurado; que tan pronto se abre la reclamación, la aseguradora debe asumir un papel activo en el evento, no pasivo, como se evidencia por los documentos aportados al proceso y como actuó la recurrida, que se cruzó de brazos a esperar el golpe”; que finalmente, sostiene la recurrente “que la recurrida tenía una obligación de hacer frente a la recurrente, tan pronto la recurrente le notificara la existencia de un evento, comprendido dentro de la cobertura de la póliza bajo la responsabilidad de la recurrida; que mal podría la corte, descargar de responsabilidad a una persona que asume una obligación de hacer, cuando su incumplimiento provoca una condena en contra de la persona que suponía debía proteger; que el retraso en llevar a cabo la obligación de hacer, por parte de la recurrida, dejó como consecuencia producto de su negligencia, que la asegurada fuese condenada sin que nadie la defendiera con la profesionalidad que la circunstancias ameritaban, dado el evento denunciado, por lo que al actuar de esa manera, incumplió con el contrato suscrito entre las partes y violó las disposiciones de los artículos 1142 y 1174 del Código Civil; y es por lo tanto que la sentencia recurrida debe ser casada…”;


Considerando, que para el presente caso y sobre lo planteado en los medios por la parte recurrente, la Corte a-qua afirmó: “que este tribunal estima pertinente acoger el presente recurso de apelación, puesto que el régimen jurídico de la responsabilidad civil contractual no se encuentra presente en la especie, toda vez que ciertamente fue probado un contrato válido entre las partes, pero no fue establecido el incumplimiento por parte de la entidad aseguradora y por vía de consecuencia el componente falta se encuentra ausente, basta resaltar en ese sentido los eventos procesales que se enuncian a continuación: fue notificado a la entidad recurrida por un acto procesal en fecha veintiocho (28) del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y seis (1996), para comparecer en fecha seis (06) del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y seis (1996), por ante la Primera Sala de la Cámara Penal de Barahona, dicho acto fue remitido a la compañía aseguradora recurrente en fecha 16 de diciembre del año 1996, diez (10) días después de haberse celebrado la audiencia que dio lugar al fallo que pronunció la condena, posteriormente en fecha catorce (14) del mes de marzo del año mil novecientos noventa y siete (1997), se produjo la notificación de la referida sentencia, pero conforme las piezas que constan en el expediente no fue remitido dicho acto a la entidad aseguradora, en ese mismo contexto es pertinente mencionar que no era posible que la compañía de seguros ejerciera la vía de recurso de apelación en esa circunstancia, pero sin embargo fue agotada la jurisdicción de alzada como producto de un recurso de apelación de la parte civil y del agente infractor o imputado, conforme certificación que consta en el expediente;… que en el contexto del escenario que se esboza precedentemente se estila que en derecho nadie puede prevalerse de su propia falta, puesto que si las notificaciones fueron recibidas por la recurrida, esta debió colocar a la recurrente en condiciones de ejercer su defensa, la cual podría tener una incidencia significativa en cuanto a ejercer la correspondiente defensa en su nombre y representación como en nombre de la compañía aseguradora, pero la misma no fue encausada a los fines de hacerse oponible la sentencia, otro elemental componente que impedía a la referida entidad aseguradora cumplir con la cláusula del contrato en virtud del cual debió representar en justicia a la recurrida; que la exigencia de un incumplimiento que tipifique la falta contractual constituye un requisito por excelencia para los fines de retener la responsabilidad penal en contra del imputado por su hecho personal; que, sigue diciendo la Corte a-qua que: “lo que se estila es que la entidad recurrente no fue colocada en una postura que le permitiera cumplir con lo estipulado en el referido contrato, por lo que el tribunal a-quo al retener responsabilidad en perjuicio de la entidad aseguradora acogió una demanda en ausencia de las pruebas que la debieron sustentar”;


Considerando, que en este tenor, de la lectura de la decisión impugnada, esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación entiende que el sólo hecho de que la aseguradora no haya intervenido en defensa de la hoy recurrente en el proceso llevado en materia penal en el que resultó condenada en daños y perjuicios, no entraña como acotó la Corte a-qua responsabilidad civil para la General de Seguros, S. A., en razón de que dicha entidad no fue notificada por la recurrente asegurada sino con posterioridad a la audiencia en la que se produjo el fallo contra la recurrida y que tampoco le fue notificada posteriormente la sentencia para poder producir su recurso de apelación, lo cual descarta que dicha condena fuera el resultado de la no actuación en justicia de la aseguradora en el indicado caso, que el simple hecho de hacer una reclamación ante ella, no basta para que la misma se entere de los procedimientos que se suceden después del hecho, sino que es necesario llamarla para que haga presencia en todos los actos del proceso; que por tanto, procede que los medios planteados sean desestimados, por infundados, pues no se verifica la ocurrencia de dichas violaciones en la decisión cuya casación se persigue, ya que en todo caso, lo que debió hacer la recurrente fue pedir la ejecución del contrato de seguro o en todo caso llamarla en intervención voluntaria por ante las jurisdicciones de fondo en el proceso penal seguido, en miras de que la decisión a intervenir en ese momento le fuera oponible a la aseguradora, hoy recurrida, y esta cumpliera con las obligaciones contraídas, en el contrato; que en consecuencia, el presente recurso de casación debe ser rechazado por infundado;

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Dominican Watchman National, S. A., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 23 de junio de 2005, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en favor del Lic. José B. Pérez Gómez, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 30 de junio de 2010, años 167º de la Independencia y 147º de la Restauración.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

www.suprema.gov.do