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Boletín Judicial (Disponibles a partir del año 1994)


B.J. NO. 1207. JUNIO 2011

Sentencia impugnada: Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia San Pedro de Macorís, del 10 de diciembre de 2010.

Materia: Correccional.

Recurrente: Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Dra. Soraine Vargas Molina.

Recurridos: Juan Eligio Taveras Abreu y Julio César Nova Payano.

Abogados: Dr. Miguel Antonio Rodríguez Puello y Dra. Martha Isaura Aquino Nolasco
 

Dios, Patria y Libertad
República Dominicana En N
 
r/>En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 29 de junio de 2011, años 168° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Dra. Soraine Vargas Molina, contra la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de ese distrito judicial, el 10 de diciembre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por la Dra. Soraine Vargas Molina, Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, depositado el 11 de enero de 2011 en la secretaría del tribunal a-quo, mediante el cual interpone recurso de casación;

Visto la contestación al citado recurso de casación, articulada por el Dr. Miguel Antonio Rodríguez Puello, a nombre de Juan Eligio Taveras Abreu, depositada el 25 de enero de 2011 en la secretaría del tribunal a-quo;

Visto la contestación al citado recurso de casación, articulada por la Dra. Martha Isaura Aquino Nolasco, a nombre de Julio César Nova Payano, depositada el 26 de enero de 2011 en la secretaría del tribunal a-quo;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 18 de abril de 2011, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la recurrente y, fijó audiencia para conocerlo el 18 de mayo de 2011;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, vistos los artículos 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 393, 395, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;


Considerando, que en el presente proceso son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de la acusación presentada el 30 de mayo de 2008 por los Procuradores Fiscales Adjuntos del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Dres. Soraine Vargas Molina y Juan Félix Pared, en contra de Luis Manuel Encarnación Encarnación, Juan Eligio Taveras Abreu, Julio César Nova Payano y Jesús Peña Encarnación, por violación a los artículos 4-e, 5 letra a, 60, 75 párrafos II y III, y 85 letras a, b, d, h, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, resultó apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el cual, el 22 de mayo de 2009 dictó auto de apertura a juicio contra los imputados; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el cual, el 10 de diciembre de 2010, dictó el fallo objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se rechaza la solicitud de extinción de la acción penal, por el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso penal, hecha por los defensores técnicos de los imputados Luis Manuel Encarnación y Jesús Peña Encarnación por improcedente; SEGUNDO: Se acoge la solicitud de la defensa técnica de los imputados Julio César Nova Payano y Juan Eligio Taveras Abreu, relativas a la extinción de la acción penal, por haber transcurrido tres (3) años y cinco (5) días desde el inicio de la investigación hasta el día de hoy; y en consecuencia se declara extinguida con respecto a ellos la acción penal, en aplicación de los artículos 44.11 y 148 del Código Procesal Penal; TERCERO: Se ordena el cese de la medida de coerción dictada en contra de Juan Eligio Taveras Abreu y Julio César Nova Payano, ordenándose su inmediata puesta en libertad, a menos que guarden prisión por hechos distintos a las contenidas en el presente proceso; CUARTO: Se declaran las costas de oficio en cuanto a Julio César Nova Payano y Juan Eligio Taveras Abreu; QUINTO: Se ordena la continuación de la audiencia seguido a Jesús Peña Encarnación y Luis Manuel Encarnación Encarnación, se fija para el día 15 de diciembre de 2010. Vale citación”;


Considerando, que la recurrente invoca en su recurso de casación, los medios siguientes: “Primer Medio: Inobservancia y errónea aplicación de disposiciones de la resolución 2802-2009 y norma procesal penal; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada”;


Considerando, que en el desarrollo de ambos medios, reunidos para su análisis por su estrecha relación, la recurrente sostiene, en síntesis: “Los jueces, al momento de declarar la extinción de la acción penal por el vencimiento del plazo máximo de la duración del proceso, deben evaluar si dicho término ha transcurrido por planteamientos reiterados de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan dilatar el desenvolvimiento de la fase preparatoria o de juicios, es decir, que corresponde al tribunal apoderado evaluar las actuaciones del imputado; mediante las actas de audiencia tanto de la etapa preliminar como en las vistas de fondo se puede evaluar la conducta mostrada por los imputados con la intención de que el proceso llegara a la etapa del vencimiento del plazo máximo de la duración del proceso, haciendo pedimentos reiterados que dieron origen al cumplimiento de tres años y cinco días; los imputados aspiran a beneficiarse de su propia falta, ya que dicho proceso llegó al plazo máximo de su duración por los tantos pedimentos y situaciones dilatorias, implementadas por éstos a conocimiento del fin obtenido”;


Considerando, que para el tribunal a-quo declarar la extinción de la acción penal en beneficio de Julio César Nova Payano y Juan Eligio Taveras Abreu estableció, en síntesis, lo que se describe a continuación: “Que después de analizar las normas nacionales y supranacionales, doctrinas y jurisprudencia en el caso que nos ocupa y una vez examinada la cronología del proceso seguido en contra de Juan Eligio Taveras Abreu y Julio César Nova Payano, la mayoría de este tribunal ha podido colegir que han transcurrido más de tres años desde el inicio de la investigación del presente proceso y que el vencimiento del plazo de duración del mismo no obedece a ninguna actitud dilatoria por parte de los imputados o sus abogados, verificándose que la dilación del presente proceso ha sido más bien por ausencia de los testigos, a quienes se dictó orden de arresto desde el día 19 de agosto del año 2009 y se reiteró a solicitud de la representante del Ministerio Público en cuatro ocasiones más, siendo que es al Ministerio Público a quien compete ejecutar dichas órdenes de arresto. Otra causa de demora consistió en ausencias reiteradas del Ministerio Público, ausencia de los abogados defensores y falta reiterada del traslado de los imputados a la sala del tribunal, ya que tres de éstos se encuentran en estado de prisión preventiva, en lugares distantes de esta jurisdicción. Que en otras ocasiones el tribunal no contaba con el quórum necesario por estar compuesto por una Magistrada interina que había intervenido en este proceso en la fase de la instrucción, en dichas ocasiones el proceso tampoco estuvo completo respecto de las partes y los testigos para el conocimiento del mismo…que en virtud de lo establecido en el artículo 44 numera 11 y 148 del Código Procesal Penal la mayoría de este tribunal considera que debe declarar extinguida la acción penal por el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso…”;


Considerando, que ha sido un criterio reiterado de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, y así lo expresa la resolución 2802-2009, creada al efecto, que la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal ha discurrido sin el planteamiento, por parte del imputado, de incidentes que tiendan a dilatar el desenvolvimiento normal de las fases preparatoria o de juicio;


Considerando, que debe entenderse como incidentes dilatorios todos aquellos cuya promoción genera una demora tanto en la fase preparatoria como en la prosecución del juicio; y en la especie, tal como expresa la recurrente en sus medios de casación, el tribunal a-quo no valoró en su justa medida las piezas que componen el proceso, mediante las cuales se observan todas las dilaciones a que fue sujeto el mismo por parte de los imputados por intermedio de sus respectivas defensas técnicas; donde las audiencias ventiladas tanto en la fase preliminar como en la etapa del juicio fueron suspendidas en múltiples ocasiones por incomparecencia de los abogados de la defensa, algunos de los cuales hasta llegaron a abandonar la misma;


Considerando, que si bien es cierto no todas las suspensiones producidas en el presente proceso fueron de la responsabilidad de los imputados, las ausencias reiteradas de sus defensas técnicas han contribuido, indefectiblemente, a que el proceso no haya tenido un desenvolvimiento normal, y por vía de consecuencia no haya llegado a una solución rápida; por lo que el plazo para la extinción penal por haber vencido el tiempo máximo de duración del proceso, del cual pretenden beneficiarse dichos imputados no surte efecto bajo tales condiciones; que sostener el criterio contrario, sería permitir que los procesos estén a merced de los imputados, quienes con sus incidentes dilatorios podrían fácilmente evadir los procesos penales que se les siguen; por todo lo cual se acogen los alegatos de la recurrente.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Dra. Soraine Vargas Molina, contra la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de ese distrito judicial, el 10 de diciembre de 2010, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Casa la indicada sentencia y ordena el envío del caso ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, para la celebración del juicio; Tercero: Se compensan las costas.

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella. Grimilda Acosta, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

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