Dios, Patria y Libertad
República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 4 de agosto del 2004, años 161° de la Independencia y 141° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de apelación interpuesto por Anthony Gil Zorrilla, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 029-0001483-4, domiciliado y residente en la Calle Luperón No. 9, Miches, R. D., Juez de Paz del Municipio de Miches, Provincia del Seibo, actualmente suspendido en funciones, contra la decisión sobre libertad provisional bajo fianza No. 10-FCC-2004, del 28 de enero del año 2004, dictada por la Cámara de Calificación del Distrito Nacional;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído al impetrante en sus generales de ley;
Oído al Dr. Manuel Antonio García, en representación del impetrante, quien le asiste en sus medios de defensa;
Vista el acta del recurso apelación levantada en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 18 de marzo del 2003 a requerimiento del Dr. Manuel Antonio García, a nombre y representación del impetrante;
Resulta, que con motivo de una solicitud de libertad provisional bajo fianza elevada por Anthony Gil Zorrilla por ante la Cámara de Calificación del Distrito Nacional, el 28 de enero del 2004, ésta dictó la Resolución No. 10-FCC-2004 cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza excepción de inconstitucionalidad propuesta por el impetrante; ya que el procesado Anthony Gil Zorrilla fue privado de su libertad por orden motivada de autoridad competente, como lo es el Juez del Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, por las causas y condiciones fijadas de antemano, por la Constitución de la República y las leyes dictadas conforme a ella, tal como lo establecen los artículos 7 numeral 2 y 7 numeral 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 8 inciso 2 literal b), de la Constitución de la República Dominicana; SEGUNDO: Rechaza, la solicitud de libertad provisional bajo fianza realizada por el impetrante Anthony Gil Zorrilla, en razón de que los artículos 87 y 88 de la Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana prohíben el otorgamiento de la libertad provisional bajo fianza a los procesados, por violación a dicho texto legal; TERCERO: Ordenar que la presente decisión sea anexada al expediente correspondiente al nombrado Anthony Gil Zorrilla”;
Resulta, que la misma decisión fue recurrida en apelación por ante la Suprema Corte de Justicia, fijando para el día 9 de junio del 2004 la vista pública para conocer del presente recurso, en la cual el ministerio público dictaminó: “-------Tenemos un pedimento en limine litis, que es la medida siguiente: Primero: En vista de los artículos 113 y 117 de la Ley No. 341 sobre Libertad Provisional Bajo Fianza, declarar inadmisible el presente recurso de apelación, y de manera subsidiaria y en segundo lugar: En caso de que no sea acogida nuestras primeras conclusiones, rechazar el presente recurso de apelación, en razón de que el impetrante está formalmente acusado por violación a la Ley No. 36, asunto que no lo beneficia para otorgarle la libertad provisional bajo fianza”; mientras que el abogado del procesado concluyó: “ Primero: El dictamen del Ministerio Público es improcedente, mal fundado y carente de base legal, agregando sus conclusiones principales, cuyo texto se copia a continuación: Primero: Se ratifican las conclusiones vertidas en el escrito introductivo del recurso, que rezan como sigue: Primero: Que los honorables Magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia tengan a bien declarar regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación de fecha 3 de febrero, del año dos mil cuatro (2004), interpuesto por el Dr. Manuel Antonio García, actuando a nombre y representación del apelante Anthony Gil Zorrilla, en contra de la resolución No. 10-FCC-2004, de fecha 2 de febrero del año dos mil cuatro del (2004), dictada por la Cámara de Calificación del Distrito Nacional, por haber sido incoada conforme a como lo establece el debido proceso; Segundo: En cuanto al fondo, que la Suprema Corte de Justicia, actuando en nombre de la República, por autoridad de la ley, revoque en toda sus partes, la Resolución No. 10-FCC-2004, emitida por la Cámara de Calificación del Distrito Nacional, por improcedente, mal fundada y carente de base legal; Tercero: Declare nulo y sin ningún efecto jurídico y por tanto no aplicable para el presente caso, los artículos 87 y 88 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, y el artículo 49, párrafo único, de la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas en la República Dominicana, por agravio a la Constitución de la República en sus artículos 3, 4, 8 (ordinales 4 y 5, 9 y 10; a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969, en sus artículos 7 (ordinal 5) y 8 (ordinales 1 y 2 y al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 1966, en su artículo 14 (ordinal 2); y por ser dichos textos de leyes adjetivas contrarios a los principios de presunción de inocencia, juicio previo, proporcionalidad, racionalidad y utilidad de la ley, que sirven de fundamento irrenunciable al Derecho Procesal Dominicano y al debido proceso de ley; y además, por devenir la prisión preventiva, no sujeta a posibilidad de poder obtenerse la libertad mediante algún recurso efectivo, en una pena anticipada, que viola el principio de la presunción de inocencia y el estatuto de libertad de que goza todo imputado, convirtiéndose así en una medida arbitraria e irrazonable para las personas sometidas por algunos delitos o crímenes, lo que en definitiva puede traducirse en motivos de control social o pesquisas antojadizas que atan el poder jurisdiccional que tienen los jueces, únicos con capacidad para decidir sobre la libertad de las personas, y que puedan acarrear atropellos a los más elementales derechos fundamentales de todos los ciudadanos; Cuarto: Que la Suprema Corte de Justicia tenga a bien fijar el monto de la fianza que deberá pagar el procesado Anthony Gil Zorrilla, quien se encuentra inculpado de violación a los artículos 5, literal a), 58 literal a), y 59 párrafo I, 60, 75 párrafos II y III y 85 literales a), b), c) y h) de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, y artículos 2 y 39 párrafo II de la Ley No. 36 sobre Porte y Tenencia de Armas, para obtener su libertad provisional bajo fianza, y como una garantía que obligue al prevenido a presentarse a todos los actos del proceso; Quinto: Que en virtud de lo que establece el artículo 2, párrafo 2do., de la Ley 200, del año 1964, le sea puesto impedimento de salida del país al Lic. Anthony Gil Zorrilla”;
Resulta, que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, falló de la siguiente manera: “Primero: Se reserva el fallo sobre las conclusiones presentadas por las partes en la presente solicitud de libertad provisional bajo fianza elevada por el impetrante Lic. Anthony Gil Zorrilla, para ser pronunciado en la audiencia pública del día veintiuno (21) de julio del 2004 a las 9:00 horas de la mañana; Segundo: Se ordena al Alcaide la Cárcel Modelo de Najayo, San Cristóbal, la presentación del impetrante a la audiencia antes señalada; Tercero: Esta sentencia vale citación de las partes presentes y de advertencia al abogado”;
Resulta que el día fijado por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia para la lectura del referido fallo, como se dice anteriormente, se pospuso la lectura del mismo por razones atendibles;
Considerando, que la libertad provisional bajo fianza tiene por finalidad consolidar el estado de derecho y establecer las garantías elementales de libertad ciudadana, siempre y cuando pueda ésta verdaderamente ser armonizada con un régimen de efectiva protección a la sociedad;
Considerando, que por Resolución No. 1920-2003, del 13 de noviembre del 2003, la Suprema Corte de Justicia dispuso que: “En los casos... de solicitud de libertad provisional bajo fianza, es necesario que el juez celebre vistas, en las cuales las partes puedan presentar alegatos, manteniendo incólumes los principios y garantías de ser oído, de publicidad y de contradicción, aún en los casos de decisiones provisionales...”;
Considerando, que toda persona, inculpada de un delito o de un crimen, puede solicitar su libertad provisional bajo fianza, conforme lo disponen los artículos 113 y siguientes de la Ley No. 341-98, siendo facultativo en este último caso, su otorgamiento o denegación;
Considerando, que el artículo 115 de la misma ley establece como condición indispensable para cursar esa solicitud, que la misma sea notificada a la parte civil, si la hubiere, y al ministerio público, de manera que éstos puedan hacer sus reparos a dicha solicitud;
Considerando, que el impetrante plantea, en síntesis, como se ha dicho, en el ordinal tercero de sus conclusiones, lo cual se examina en primer término por su carácter prioritario, lo siguiente: “que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 87 y 88 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, así como, el artículo 49, párrafo único, de la Ley No 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, modificado por la Ley 589, del 2 de julio de 1970, no sólo por ser contrarios a la Constitución, sino también a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”;
Considerando, que la Suprema Corte de Justicia, mediante la referida Resolución 1920-2003, ha planteado que la República Dominicana tiene un sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y por la jurisprudencia constitucional local, y b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo que se ha denominado, el bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y material de toda legislación adjetiva;
Considerando, que, además, es admitido como principio vinculante que los jueces del orden judicial están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad como fuente primaria y superior de sus decisiones, realizando, la determinación de la validez constitucional de los actos y de las reglas sometidas a su consideración y decisión, a fin de asegurar la supremacía de los principios sustantivos y, por ende, las normas que conforman el debido proceso de ley;
Considerando, que el bloque de constitucionalidad a que se ha hecho referencia, comprende entre sus principios y normas una serie de valores como el orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la justicia, la libertad y otros que, al ser asumidos por nuestro ordenamiento jurídico, se configuran como patrones de razonabilidad, principio establecido en el artículo 8, numeral 5, de nuestra Constitución;
Considerando que, por consiguiente, una norma o acto, público o privado, es válido cuando, además de su conformidad formal con el bloque de constitucionalidad, esté razonablemente fundado y justificado dentro de los principios de la norma superior; que, para garantizar esos principios la Constitución nacional en su artículo 46, dispone. “ Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución o acto contrario a esta Constitución”;
Considerando, que en ese orden, la Ley No. 341-98, del 14 de agosto de 1998, sobre Libertad Provisional Bajo Fianza, señala que ésta se puede solicitar en todo estado de causa; que, sin embargo, la Ley No 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en su artículo 49, párrafo único, modificado por la Ley 589, del 8 de julio de 1970, dispone: “que los prevenidos o acusados de haber violado esta Ley no les será concedida la libertad provisional bajo fianza...”; que de igual manera, la Ley No 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, también disponen en los artículos 87 y 88 respectivamente: “Para los fines de esta Ley, no tendrán aplicación, las leyes que establecen la libertad provisional bajo fianza...” y “ en los casos en que las sanciones por la violación a las disposiciones de esta Ley, lleven prisión, o multa, o ambas penas a la vez, la prisión preventiva será siempre obligatoria”;
Considerando, que como se observa, las dos primeras normativas adjetivas citadas precedentemente, prohiben de manera absoluta la posibilidad de obtener la libertad provisional bajo fianza a aquellas personas indiciadas o imputadas de haber cometido cualquiera de las infracciones previstas en dichas leyes, y de manera específica el artículo 88 de la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas, hace en todos los casos de la prisión preventiva una norma imperativa;
Considerando, que la supresión de libertad ordenada en el artículo 88 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, en forma preventiva, cautelar, contra una persona contra quien existen indicios o pruebas de haber cometido esa infracción, supone la posibilidad de que aquella se haya comportado con peligrosidad y de manera antisocial y por ende pueda intentar evadirse para evitar ser sometida a juicio, y supone que éste podría resultar condenada y tenga que sufrir los rigores de una prisión o que, de alguna manera, por sus acciones u omisiones, obstaculice el curso de las investigaciones para averiguar la verdad de lo acontecido, sea haciendo desaparecer los indicios o pruebas, sea ocultándolas o desnaturalizándolas, o que por alguna razón, las personas agraviadas que han sufrido una conculcación en sus derechos, puedan accionar en su contra, por venganza o represalia; que por consiguiente, en la medida en que la privación de la libertad no se desnaturalice en sus verdaderos fines, como se analizará más adelante, en nada contradice las normas constitucionales;
Considerando, que, a pesar de todo ello, la privación de libertad preventiva, de manera indefinida, es decir, sin tener un tiempo razonable para su vigencia, no puede nunca constituirse en una sanción en sí misma y mucho menos, caracterizar una sanción o pena anticipada, en razón de que la única finalidad o función de esta medida es asegurar el normal desenvolvimiento de todo enjuiciamiento en los tribunales, del debido proceso de ley y de una correcta ejecución de la sanción, si la hubiere, o de una puesta en libertad, en tiempo razonable, si esa es la solución que adoptare el juzgador;
Considerando, que el párrafo del artículo 49 de la Ley No 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas y el artículo 87 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, en lo que concierne a la absoluta imposibilidad de conceder la libertad provisional bajo fianza, contravienen el principio de la presunción de inocencia de todo imputado establecido en la Constitución, el cual consagra la libertad como un derecho inherente y fundamental a todo ser humano; permitiéndose el estado privativo de la libertad como medida cautelar, temporal y dentro de un plazo razonable, excepcionalmente admitida, no como una sanción anticipada capaz de lesionar dicho principio de inocencia, sino, como se ha dicho, cuando concurran razones suficientes para acordar la prisión preventiva, atendiendo a la peligrosidad del imputado por su apreciable condición de individuo que ha incurrido en conducta antisocial o perturbadora de los valores e intereses de la comunidad;
Considerando, que es un deber ineludible a todo juzgador del orden judicial, en los casos de naturaleza criminal, determinar cuando procede la negación o autorización de la libertad provisional bajo fianza, para lo cual deberá necesariamente siempre tomar en cuenta la conveniencia y protección de la sociedad, de las víctimas del hecho de que se trate y del propio encausado, puesto que, aunque el estado natural de las personas es la libertad, no es menos cierto que circunstancias y hechos que prioritariamente convengan al bien social, pueden justificar el mantener a los seres humanos en estado de prisión antes de una condenación final y definitiva; que la negación de una libertad provisional bajo fianza debe estar cuidadosamente fundamentada en los hechos, condiciones y peligrosidad de las personas de los imputados y en los supremos intereses de la sociedad, y no mecánicamente en el tipo de imputación, porque aceptarlo así equivale a presumir a priori la culpabilidad del imputado;
Considerando, que por todo lo antes expuesto, procede declarar que ha lugar a declarar no conforme con la Constitución las disposiciones de los artículos 87 de la Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, sólo en lo referente a la libertad provisional bajo fianza, así como el párrafo único del artículo 49 de la Ley No. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, que, como se ha dicho, prohíben absolutamente y en todos los casos, la libertad provisional bajo fianza en las infracciones previstas en ellas y, ha lugar a declarar el artículo 88 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, conforme a las normas constitucionales, con las limitaciones antes apuntadas;
Considerando, que el hecho de establecer jurisprudencialmente que no está conforme con la Constitución la disposición que imposibilita el otorgamiento de libertad bajo fianza, teniendo solamente en cuenta la acusación, no significa, en modo alguno que el juez apoderado del asunto deba irreflexivamente disponer la libertad de un imputado contra quien sea obvio su peligrosidad, toda vez que actuar de ese modo sería lesivo a los más altos intereses de la sociedad, a la cual el Poder Judicial está en el deber de siempre proteger;
Considerando, que, por otra parte, el impetrante Anthony Gil Zorrilla está siendo procesado, acusado de violar los artículos 5 literal a), 58 literal a), 58 y 59 párrafo I, 60 y 75 párrafos II y III, 85 literales a), b), c) y h) de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, modificada por la Ley No. 17-95 y artículos 2 y 39 párrafo II de la Ley No. 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de la República Dominicana; que con relación a este hecho, el Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó su providencia calificativa No. 131-03, de fecha 17 de julio del año 2003, mediante la cual califica el expediente como criminal; que esta providencia calificativa fue apelada y la Cámara de Calificación del Distrito Nacional dictó sobre el asunto su decisión el dos (2) de febrero del año dos mil cuatro (2004); que el inculpado solicitó a dicha Cámara de Calificación una libertad provisional bajo fianza, la cual le fue denegada en fecha 28 de enero del 2004, cuyo dispositivo ha sido copiado anteriormente;
Considerando, que por éste hecho el procesado Anthony Gil Zorrilla se encuentra en estado de prisión preventiva en la Cárcel Pública de Najayo;
Considerando, que, en relación a la presente solicitud de libertad provisional bajo fianza se ha establecido, luego de un sereno análisis de todas las circunstancias del caso, que no resulta procedente otorgarla;
Por tales motivos y vistos los artículos 8 numeral 2 letra J) y numeral 5; 10, 46 y 100 de la Constitución; Ley No 341, del 14 de agosto de 1998, sobre Libertad Provisional Bajo Fianza; 87 y 88 de la Ley No 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; 49, párrafo, de la ley No 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas; Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Cívicos y Políticos;
Falla
Primero: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por Anthony Gil Zorrilla contra la Resolución en materia de libertad provisional bajo fianza, dictada por la Cámara de Calificación del Distrito Nacional el 23 de enero del 2004, por haber sido hecha de acuerdo a la ley sobre la materia; Segundo: Declara no conforme con la Constitución las disposiciones de los artículos 87 de la Ley No 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, sólo en lo relativo a la libertad provisional bajo fianza, así como el párrafo único, del artículo 49, de la Ley No. 36, modificado por la Ley No.589, del 2 de julio de 1970, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas; Tercero: Declara conforme con la Constitución el artículo 88 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; Cuarto: Confirma la sentencia apelada en el sentido de denegar la libertad provisional bajo fianza al impetrante Anthony Gil Zorrilla; Quinto: Ordena que la presente sentencia sea anexada al expediente correspondiente y notificada al Magistrado Procurador General de la República y demás partes, para los fines de lugar.

	Jorge A. Subero Isa
Rafael Luciano Pichardo		Eglys Margarita Esmurdoc
Hugo Álvarez Valencia		Juan Luperón Vásquez
Julio Ibarra Ríos		Margarita A. Tavares
Enilda Reyes Pérez		Dulce María Rodríguez de Goris
Julio Aníbal Suárez		Víctor José Castellanos Estrella
Ana Rosa Bergés Dreyfous		Edgar Hernández Mejía
Darío O. Fernández Espinal		Pedro Romero Confesor
	José E. Hernández Machado
		Grimilda Acosta Secretaria General

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

Mpr